Declaración
Pública
Ante la visita
del Ministro de Defensa a la UNSJ.
Declinamos respetuosamente la
invitación que nos hiciera llegar el Rectorado de la UNSJ para que ADICUS
acompañe la visita del Ministro de Defensa Sr. Agustín Rossi. Las razones que motivan
esta decisión son, entre otras, las siguientes:
I. La política del PEN en materia
de Derechos Humanos, ofrece legítimos reparos y criticas al observar la
lentitud en resolver la investigación cuyo peso y riesgos recae más en las
victimas que en victimarios, no ir al fondo de la cuestión y ocultar o demorar
en entregar todos los archivos desclasificados de la Dictadura Militar, sin
mencionar casos en que la responsabilidad de algunos juicios han estado en manos
de Jueces que se desempeñaron con los Militares, como es el caso de un Juez
mendocino que fugo a Chile y después fue recapturado.
II. Los autores del genocidio
cometido en la Argentina, continúan integrando el aparato represivo del Estado.
El gobierno autodenominado de los DD.HH., nombro Comandante en Jefe del
Ejército a Cesar Milani, participe de los que perpetraron el plan de exterminio,
las desapariciones y la tortura, al servicio de los grandes intereses
económicos e imperialistas. Según Marcela
Brizuela de Ledo, madre del soldado
Alberto Ledo, este desapareció en La Rioja cuando Milani cumplía funciones en
esa provincia.
III. Un proyecto de resolución, con la firma de diez
diputados nacionales, ante la Cámara de Diputados el 21 de Marzo de 2014,
dirigido al PEN a fin que, a través del Ministerio de Defensa de la Nación o
los organismos que correspondan, informe a esa Cámara la nómina completa del
personal del Ejército Argentino, de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina
que prestó servicio en dichas fuerzas durante el periodo conformado entre los
años 1976 – 1983 y que al día de hoy continúan integrando esas instituciones,
aportando la identificación completa de cada uno de ellos y lugar donde desempeñaron
y donde desempeñan funciones entre 1976 y 1983 y en la actualidad.
Entre los fundamentos se cita el
decreto 4/2010 del PEN que considera dicha información necesaria para la
evaluación de los juicios contra los que participaron en el genocidio
perpetrado en la Argentina y, por ende, no puede ser considerada información
secreta ni reservada. Se ha revelado la información de que gran cantidad del
personal de dichas instituciones que actuaron en la dictadura militar siguen
hoy en funciones, de la cual citamos como ejemplos, la desaparición de Jorge
Julio López, querellante en el primer juicio oral y público desde la apertura
de las causas, una vez anuladas las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida,
fue secuestrado y se encuentra desaparecido desde el 18 de setiembre de 2006.
Desde ese momento los organismos de derechos humanos que compartieron la querella
con él y que lo representaron en dicho juicio, reclamaron saber la cantidad de
policías de la Bonaerense que actuaron en la dictadura y que continuaron en
funciones la segunda vez en que Jorge Julio López es secuestrado sabiendo que
allí pueden encontrarse los cómplices (al menos del encubrimiento) de su segunda
desaparición.
Cuando la cifra fue dada a
conocer causo impacto, se trataba de 9026 policías de la bonaerense que tuvieron
su ingreso en esa fuerza represiva y que aún continuaban en funciones en 2006.
La continuidad del accionar de estas patotas capaces de producir un secuestro
como el de Jorge Julio López volvió a expresarse tiempo después cuando a punto
de culminar el juicio oral que llevaba adelante el Tribunal Oral Federal Nro.5
en su contra, fue encontrado muerto en una dependencia de Prefectura Naval Argentina
de la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires, producto de una ingesta de
grandes cantidades de cianuro, el prefecto Héctor Antonio Febres, represor que
actuó en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA).
IV. Se ha desclasificado la lista
de los integrantes del Batallón 601 de Inteligencia que se hizo pública en
febrero de 2010, cuando la revista “Veintitrés” informo que existían más de
cuatro mil agentes civiles y militares que prestaron servicios en el máximo
organismo de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura militar.
Este documento que permaneció bajo archivo durante 27 años, revelo que varios
de sus miembros ocupaban para esa fecha lugares de importante trascendencia
pública con sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, de DDHH,
entre otros (Fuente Revista Veintitrés, edición 18 de Febrero de 2010). Entre
ellos tomo notoriedad la participación en la dictadura del entonces Teniente
Primero Cesar Milani, designado el 3 de julio de 2013 como máximo responsable
del Estado Mayor General del Ejército Argentino.
En la causa N° 14.217/2003 en
instrucción ante el Juzgado Federal N° 12 a cargo del Dr. Sergio Torres, el
Ministerio de Defensa remitió un informe en el año 2010 con el listado de todos
los oficiales y suboficiales que prestaron servicios en la Armada durante el periodo
1976 / 1983 y que a esa fecha continuaban en funciones en la Marina. Las cifras
asombran por su enormidad. Se trataba de 1048 oficiales y 3318 suboficiales.
Otro proyecto de resolución a la
Cámara de la Nación pero esta vez requiriendo información sobre el personal que
actuó durante la dictadura y continúa desempeñando funciones en la actualidad
en la Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Gendarmería
Nacional Argentina.
V- El
Gobierno nacional no derogó, ni tuvo la intención de hacerlo, el Decreto-Ley
9.021/63 -dictado durante el Gobierno de facto de José María Guido- y su
reglamentación aprobada por el Decreto 2.322/67 -dictado por la dictadura de
Juan Carlos Onganía-. Mediante estas normas se conformó y puso en funcionamiento
un verdadero servicio para estatal de informaciones e inteligencia, dotado por
agentes de la Policía Federal Argentina, no sujeto a ningún tipo de contralor
administrativo, judicial y parlamentario, cuyos efectivos se pueden infiltrar
en cualquier organismo público y privado. El caso del agente de la Policía Federal
Argentina, Américo Alejandro Balbuena, infiltrado durante una década en la
agencia de noticias Walsh, ha ratificado la existencia de este cuerpo de
inteligencia. El PEN no se ha pronunciado al respecto, pese al escándalo
provocado cuando se hizo pública esta infiltración.
Mientras se
agudiza la crisis económica y social, todo indica que seguirán con el Ejército
el mismo camino que en 2009 con la Gendarmería. En ese momento, cuando la
crisis mundial comenzaba a golpear al país, dictaron distintas normas sobre
cómo utilizar el ’Proyecto X’ de espionaje ilegal de la Gendarmería para
controlar posibles protestas y huelgas, como se ha denunciado en su momento.
El paro de ayer, 10 de abril, la
Gendarmería usó infiltrados para provocar los incidentes en la Panamericana con un agente de civil que comenzó a hostigar y a
filmar para individualizar a los trabajadores del piquete, con el mismo método del nefasto Proyecto X que se ha
denunciado. Cuando fue conminado a retirarse, comenzó a agredir a varios trabajadores
para hacer intervenir a la Gendarmería, en una típica operación de provocación de
los servicios de inteligencia. Así detuvieron al delegado de la
Comisión Interna de la gráfica Donnelley (ex Atlántida), Jorge Medina, y terminaron heridos Oscar Coria de
Kraft, y Maxi Torres, despedido de Kromberg en lucha por su reincorporación.
VI. La
presidenta utilizó su último discurso ante
la Asamblea Legislativa, el pasado 1º de marzo, para avalar uno de los más
escandalosos juicios de los que se tenga memoria en la Argentina,
aquel que condenó a cadena perpetua a tres trabajadores de Las Heras y con
varios años de prisión a otros cinco, en su mayoría obreros de la industria
petrolera.
Aplaudida por la
oposición de derecha como el PRO, Cristina F. de Kirchner festejo ese aberrante
fallo y demonizo a quienes se manifiestan por sacar a la luz la verdad: un
juicio que fue armado por la justicia, las multinacionales petroleras y el
propio gobierno, donde no hubo una sola prueba contra los condenados. Lo único
que si se demostró fueron las torturas, los apremios ilegales, las amenazas a
testigos y familiares. El fallo de la justicia de Santa Cruz lo único que busca
es una condena ejemplificadora hacia quienes se manifiesten contra el impuesto
a las ganancias y la precarización laboral.
Se trata de uno de los ataques más
duros contra los trabajadores desde el 1983. Por esta razón, en repudio a las
condenas, se han manifestado intachables personalidades como el premio de la
Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre decenas de
organismos de Derechos
Humanos; también referentes de las cuatro centrales sindicales como Hugo
Yasky, Hugo Moyano y Pablo Michelli, junto a decenas de diputados,
legisladores, comisiones internas; referentes culturales y sociales como
Osvaldo Bayer que envió una carta denunciando esta atrocidad, y comparó este
caso con las injustas condenas a Sacco y Vanzetti y a los mártires de Chicago.
Tal es el repudio a este juicio, las torturas durante el mismo y el fallo que
condenó a los trabajadores que hasta el Papa Bergoglio tuvo que pronunciarse en
contra. La defensa de semejante condena a los trabajadores petroleros de Las
Heras sólo puede entenderse como parte de la política del gobierno, que también
expresó la presidenta en el discurso, de avance en la represión y la criminalización
a todo aquel que quiera salir a pelear por sus derechos, mientras el gobierno
en acuerdo con la oposición de derecha está aplicando un ajuste contra los
trabajadores y los sectores populares.
VII Scioli, con
el apoyo del Gobierno Nacional, pretenden convertir la Provincia de Buenos
Aires en una verdadera cárcel a cielo abierto, para ello, ha destinado 600 millones
de pesos para reincorporar 5000 agentes retirados de la policía provincial y el
servicio penitenciario, la colaboración de las empresas de seguridad privada
que cuentan con 40 mil agentes con los de las fuerzas de seguridad públicas que
ya suman más de 50 mil efectivos. Para los reclamos de los docentes y los
trabajadores no hay plata, pero para poner más policías en las calles hay miles
de millones. Mientras continúan la política de ‘mano dura’ para criminalizar la
pobreza y dar más poder a la policía que organiza el ‘gran delito’: el
narcotráfico, los desarmaderos y la trata de personas, como quedó claro con la
destitución de las cúpulas policiales de Córdoba y Santa Fe por su complicidad
con los narcos. Se pretende utilizar el debate abierto a partir de los
aberrantes linchamientos para fortalecer el aparato represivo del estado.
VIII La
invitación de Rectorado a concurrir al acto con el Ministro de Defensa, es poco
explicita. La noticia periodística recogida de un medio local dice: San Juan, 7 de
abril.- El próximo viernes, el Ministro de
Defensa de la Nación, Agustín Rossi, junto al senador Ruperto Godoy, harán
entrega de archivos
desclasificados de la época de la dictadura militar al gobernador José
Luis Gioja en Casa de Gobierno. Luego, los
funcionarios harán entrega de una segunda copia de
los archivos a los organismos de Derechos Humanos de
la provincia en el entrepiso del rectorado de la Universidad
Nacional de San Juan, lugar en
donde se juzgó y condenó a los autores responsables de secuestros, torturas,
asesinatos y supresión de identidad.
Ante esta
manipulación política de quienes son los responsables de empujar al pueblo
trabajador a la marginación; a miles de jóvenes a la desocupación generando su
degradaron social más atroz; a miles de desocupados que no tienen las
posibilidad de una vida digna; a gran parte de los asalariados estatales y privados
que sus ingresos no les permite cubrir el costo real de la canasta alimentaria;
quienes han entregado los recursos naturales a la multinacional minera Barrik
que ha dejado la contaminación del ambiente, cientos de trabajadores
desocupados y se han llevado cuantiosos recursos económicos, mientras a los
trabajadores se los condena a la miseria y exclusión.
IX. Criticamos la política sobre
DDHH del PEN y denunciamos el uso de esta política y el recuerdo de los 30.000
desaparecidos de manera demagógica con fines de cooptación. Por ello, desde ADICUS, declinamos la invitación y
participar en dicho evento y expresamos:
a. El Gobierno
nacional ha cambiado su política de castigo a los genocidas por el de conciliación
con las fuerzas armadas. Así lo demuestran las últimas declaraciones de
Cristina, Rossi y Milani. Insistimos no puede haber reconciliación con ningún
genocida.
b. Exigimos la
desclasificación de toda la información referida a los participantes, cómplices
y encubridores civiles, eclesiásticos y militares del genocidio de la última
dictadura militar.
c. En San Juan
han desaparecido más de cien personas durante la dictadura militar y hasta
ahora no se sabe dónde están los cuerpos vivos o muertos. Además tenemos un
desaparecido bajo el Gobierno de Gioja el Ing. Raúl Tellechea. Ese es el lamentable
saldo, en San Juan, de una década de política de DDHH, cómplices con los genocidas
para atacar las justas demandas del pueblo trabajador.
d. Derogación inmediata de la
llamada ley “anti terrorista”, repudiamos esta ley porque la finalidad es la
criminalización de la protesta social, modifica el código penal duplicando las
penas para los que protestan y deja a libre interpretación de los jueves
-muchos de los cuales provienen de la dictadura militar- sobre quien es
terrorista y quienes.
e. Demandamos el inmediato
desprocesamiento de más de 5.000 luchadores sociales. Repudiamos todo intento
por amordazar las protestas contra el ajuste y favorecer de esta manera a las
corporaciones del capital concentrado.
f- Inmediata
destitución de todos los militares, gendarmes, política y todo agente de la
seguridad comprometido con la dictadura militar y de todo aquellos agentes de
la seguridad que son cómplice con el delito y la corrupción.
g- Inmediata
destitución de Milani. Juicio y Castigo de todos los responsables de la
represión de ayer y de hoy.
h.
Solo la movilización independiente de los asalariados podrá desplegar una
política de DD.HH. consecuente: juicio y castigo a los represores de ayer y de
hoy, asimismo, sus cómplices civiles que hacen parte del aparato represivo del
Gobierno Nacional
Por Comisión Directiva ADICUS
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