LA VISITA DEL MINISTRO
DE DEFENSA ROSSI A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN PARA ENTREGAR COPIA DE
DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS DE LA DICTADURA MILITAR.
Declinamos
respetuosamente la invitación que nos hiciera llegar el Rectorado de la UNSJ
para que ADICUS acompañe la visita del Ministro de Defensa y ex diputado por
Rosario, señor Agustin Rossi, por algunas razones que pasamos a explicar.
Tenemos que decir en
primer lugar, que la política del PEN en materia de Derechos Humanos, en
Argentina, nos ofrece algunos legítimos reparos al observar la lentitud en
resolver una investigación cuyo peso y riesgos recae mas en las victimas que en
victimarios, no ir hasta el fondo de la cuestión y ocultar o demorar en
entregar todos los archivos desclasificados de la Dictadura Militar, sin
mencionar casos en que la responsabilidad de algunos juicios han estado en
manos de Jueces que se desempeñaron con los Militares, como es el caso de un
Juez mendocino que fugo a Chile y después fue recapturado.
Los autores del
genocidio cometido en la Argentina, continúan integrando el aparato represivo
del Estado. El gobierno autodenominado de los derechos humanos, nombro
Comandante en Jefe del Ejército a Cesar Milani, participe de los que
perpetraron el plan de exterminio, las desapariciones y la tortura, al servicio
de los grandes intereses económicos e imperialistas. Según Marcela Brizuela de Ledo, madre del soldado Alberto Ledo, este desapareció en
La Rioja cuando Milani cumplía funciones en esa provincia.
Un
proyecto de resolución, con la firma de diez diputados nacionales, entra a la
Cámara de Diputados el 21 de Marzo de 2014, dirigido al PEN a fin que, a través
del Ministerio de Defensa de la Nación o los organismos que correspondan,
informe a esa Cámara la nomina completa del personal del Ejército Argentino, de
la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina que prestó servicio en
dichas fuerzas durante el periodo conformado entre los años 1976 – 1983 y que
al día de hoy continúan integrando esas instituciones, aportando la identificación
completa de cada uno de ellos y lugar donde desempeñaron y donde desempeñan
funciones entre 1976 y 1983 y en la actualidad. Fundamentan el pedido en Entre los fundamentos se
cita el decreto 4/2010 del PEN por considerar que dicha información es necesaria
para la evaluación de los juicios contra los que participaron en el genocidio
perpetrado en la Argentina y, por ende, no puede ser considerada información
secreta ni reservada. A lo largo de los últimos años se ha revelado la
información de que gran cantidad del personal de dichas instituciones que
actuaron en la dictadura militar siguen hoy en funciones, de la cual citamos
algunos ejemplos.
El sobreviviente de la
dictadura militar, Jorge Julio López, querellante en el primer juicio oral y
público desde la apertura de las causas, una vez anuladas las Leyes de Punto
Final y Obediencia Debida, fue secuestrado y se encuentra desaparecido desde el
18 de setiembre de 2006. Desde ese momento los organismos de derechos humanos
que compartieron la querella con él y que lo representaron en dicho juicio,
reclamaron saber la cantidad de policías de la Bonaerense que actuaron en la
dictadura y que continuaron en funciones la segunda vez en que Jorge Julio
López es secuestrado sabiendo que allí pueden encontrarse los cómplices (al
menos del encubrimiento) de su segunda desaparición. Cuando la cifra fue dada a
conocer causo alto impacto ya que se trataba de 9026 policías de la bonaerense
que tuvieron su ingreso en esa fuerza represiva y que aun continuaban en funciones
en 2006. La continuidad del accionar de estas patotas capaces de producir un
secuestro como el de Jorge Julio López volvió a expresarse tiempo después
cuando a punto de culminar el juicio oral que llevaba adelante el Tribunal Oral
Federal Nro.5 en su contra, fue encontrado muerto en una dependencia de
Prefectura Naval Argentina de la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires,
producto de una ingesta de grandes cantidades de cianuro, el prefecto Héctor
Antonio Febres, represor que actuó en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA).
Asimismo se ha
desclasificado la lista de los integrantes del Batallón 601 de Inteligencia que
se hizo pública en febrero de 2010, cuando la revista Veintitrés informo que
existían más de cuatro mil agentes civiles y militares que prestaron servicios
en el máximo organismo de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura
militar. Este documento que permaneció bajo archivo durante 27 años, revelo que
varios de sus miembros ocupaban para esa fecha lugares de importante trascendencia
pública con sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, de DDHH,
entre otros (Fuente Revista Veintitrés, edición 18 de Febrero de 2010).
Entre ellos ha tomado
notoriedad recientemente la participación en la dictadura del entonces Teniente
Primero Cesar Milani, designado el 3 de Julio de 2013 como máximo responsable
del Estado Mayor General del Ejército Argentino.
No se trata de un hecho
aislado, y sin ánimo de abundar, no mencionamos la enorme cantidad de casos en
que investigaciones periodísticas han sacado a luz como aquellos que actuaron
en el plan de exterminio hoy ocupan lugares de trascendencia pública.
Sin ir más lejos, en la
causa N° 14.217/2003 en instrucción ante el Juzgado Federal N° 12 a cargo del
Dr. Sergio Torres, el Ministerio de Defensa remitió un informe en el año 2010
con el listado de todos los oficiales y suboficiales que prestaron servicios en
la Armada durante el periodo 1976 / 1983 y que a esa fecha continuaban en
funciones en la Marina.
Las cifras nuevamente
asombraron por su enormidad. Se trataba de 1048 oficiales y 3318 suboficiales.
En la misma fecha y
firmado por los mismos legisladores entro otro proyecto de resolución a la
Cámara de la Nación pero esta vez requiriendo información sobre el personal que
actuó durante la dictadura y continua desempeñando funciones en la actualidad
en la Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Gendarmería
Nacional Argentina.
Podríamos seguir
agregando razones para fundamentar las dudas que despierta en nuestras mentes y
corazones la sinceridad de la política sobre DDHH a cargo del PEN, o si en
realidad usa dicha política y el recuerdo de los 30.000 desaparecidos de manera
demagógica con fines de cooptación electoral, como por ejemplo:
El Gobierno nacional no derogó, ni tuvo la intención de
hacerlo, el Decreto-Ley 9.021/63 -dictado durante el Gobierno de facto de José
María Guido- y su reglamentación aprobada por el Decreto 2.322/67 -dictado por
la dictadura de Juan Carlos Onganía-. Mediante estas normas se conformó y puso
en funcionamiento un verdadero servicio para estatal de informaciones e
inteligencia, dotado por agentes de la Policía Federal Argentina, no sujeto a
ningún tipo de contralor administrativo, judicial y parlamentario, cuyos
efectivos se pueden infiltrar en cualquier organismo público y privado. El caso
del agente de la Policía Federal Argentina, Américo Alejandro Balbuena,
infiltrado durante una década en la agencia de noticias Walsh, ha ratificado la
existencia de este cuerpo de inteligencia. El PEN no se ha pronunciado al
respecto, pese al escándalo provocado cuando se hizo pública esta infiltración.
En momentos en los que se agudiza la crisis económica y
social, todo indica que seguirán con el Ejército el mismo camino que en 2009
con la Gendarmería. En ese momento, cuando la crisis mundial comenzaba a
golpear sobre nuestro país, dictaron distintas normas sobre cómo utilizar el
’Proyecto X’ de espionaje ilegal de la Gendarmería para controlar posibles
protestas y huelgas, como se ha denunciado en su momento.
En el
paro de ayer, 10 de Abril, la Gendarmería usó infiltrados para provocar los
incidentes en la Panamericana con un agente de civil que comenzó a hostigar
y a filmar para individualizar a los trabajadores del piquete, con el mismo método del nefasto Proyecto X que se ha
denunciado. Cuando fue conminado a retirarse, comenzó a agredir a varios
trabajadores para hacer intervenir a sus amigos uniformados de la Gendarmería,
en una típica operación de provocación de los servicios de inteligencia.
Así detuvieron al delegado de la Comisión Interna de la gráfica Donnelley (ex
Atlántida), Jorge Medina, y
terminaron heridos Oscar Coria de Kraft,
y Maxi Torres, despedido de Kromberg en lucha por su reincorporación.
La presidenta utilizó su último discurso ante la Asamblea Legislativa, el pasado 1º
de marzo, para avalar uno de los más escandalosos juicios de los que se tenga
memoria en la Argentina, aquel que condenó a
cadena perpetua a tres trabajadores de Las Heras y con varios años de prisión a
otros cinco, en su mayoría obreros de la industria petrolera. Como lo han
denunciado
Aplaudida por la oposición de derecha como el PRO, DFK
festejo ese aberrante fallo y demonizo a quienes se manifiestan por sacar a la
luz la verdad: un juicio que fue armado por la justicia, las multinacionales
petroleras y el propio gobierno, donde no hubo una sola prueba contra los
condenados. Lo único que si se demostró fueron las torturas, los apremios
ilegales, las amenazas a testigos y familiares. El fallo de la justicia de
Santa Cruz lo único que busca es una condena ejemplificadora hacia quienes en
2006 se manifestaron contra el impuesto a las ganancias y la precarización
laboral.
Se trata de uno
de los ataques
más duros contra los trabajadores desde 1983 a esta parte. Por esta
razón, en repudio a las condenas, se han manifestado intachables personalidades
como el premio de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle
de Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, entre decenas de organismos de Derechos Humanos; también referentes de las
cuatro centrales sindicales como Hugo Yasky, Hugo Moyano y Pablo Michelli,
junto a decenas de diputados, legisladores, comisiones internas; referentes
culturales y sociales como Osvaldo Bayer que envió una carta denunciando esta
atrocidad, y comparó este caso con las injustas condenas a Sacco y Vanzetti y a
los mártires de Chicago. Tal es el repudio a este juicio, las torturas durante
el mismo y el fallo que condenó a los trabajadores que hasta el Papa Bergoglio
tuvo que pronunciarse en contra. La defensa de semejante condena a los
trabajadores petroleros de Las Heras sólo puede entenderse como parte de la
política del gobierno, que también expresó CFK en el discurso, de avance en la
represión y la criminalización a todo aquel que quiera salir a pelear por sus
derechos, mientras el gobierno en acuerdo con la oposición de derecha está
aplicando un ajuste contra los trabajadores y los sectores populares.
Scioli y su ministro Granados quieren convertir la
Provincia de Buenos Aires en una verdadera cárcel a cielo abierto, destinando
600 millones de pesos para reincorporar 5000 agentes retirados de la policía
provincial y el servicio penitenciario, la colaboración de las empresas de
seguridad privada que cuentan con 40 mil agentes con los de las fuerzas de
seguridad públicas que ya suman más de 50 mil efectivos. Para los reclamos de
los docentes y los trabajadores no hay plata, pero para poner más policías en
las calles hay miles de millones.
Los anuncios de Scioli continúan la política de ‘mano
dura’ para criminalizar la pobreza y dar más poder a la policía que organiza el
‘gran delito’: el narcotráfico, los desarmaderos y la trata de personas, como
quedó claro con la destitución de las cúpulas policiales de Córdoba y Santa Fé
por su complicidad con los narcos. Scioli pretende utilizar el debate abierto a
partir de los linchamientos fascistizantes para fortalecer el aparato represivo
del estado.
En los últimos días ha salido a la luz pública que el
Gobierno nacional profundiza su línea de darle más poder al Ejército bajo el
mando de César Milani, como lo demuestra la prórroga por un año
del Operativo Fortín II para el control de las fronteras noreste y noroeste.
Esto no hace más que confirmar que el Gobierno nacional, con el nombramiento de
Milani, apuesta al despliegue del Ejército para que cumpla un rol en el control
social y la represión interna. Un anticipo de esto ya lo vimos en el
desplazamiento de tropas en la provincia de Santa Cruz para el desalojo de
familias sin techo. Esto se da en momentos en los que temen estallidos sociales
debido a la alta inflación y la crisis energética, y se han sucedido crisis
como la que vimos con los motines policiales.
La invitación de Rectorado a concurrir al acto con el
Ministro de Defensa, señor Agustin Rossi es poco explicita. La noticia
periodística recogida de un medio local dice: San Juan, 7 de abril.-
El próximo viernes, el Ministro de
Defensa de la Nación, Agustín Rossi, junto al senador Ruperto Godoy, harán
entrega de archivos
desclasificados de la época de la dictadura militar al gobernador José
Luis Gioja en Casa de Gobierno. Luego, los
funcionarios harán entrega de una segunda copia de
los archivos a los organismos de Derechos Humanos de
la provincia en el entrepiso del rectorado de la Universidad
Nacional de San Juan, lugar en
donde se juzgó y condenó a los autores responsables de secuestros, torturas,
asesinatos y supresión de identidad.Más tarde, cerca de las 18, se realizará en
el Club del Bono un encuentro de Mujeres militantes de
la Corriente Nacional de la Militancia, que contará con invitadas especiales
como Juliana Di Tulio, Diputada Nacional FPV y Presidenta del Bloque de
Diputados FPV, Teresa Luna: Senadora Nacional y Presidenta de la Mesa de
Mujeres del PJ Nacional; Mara Brawer: Diputada Nacional FPV. Además, será de la
partida el Ministro de Defensa de la Nación, e integrante de la Mesa Nacional
de la Corriente Nacional de la Militancia, el santafesino Agustín Rossi. El espacio político que conduce localmente el Senador
Ruperto Godoy congregará mujeres de todos los departamentos
de San Juan y también de Mendoza y San Luis, para
participar de un acto con características especiales. Durante el mismo habrá
presencia de artistas locales como la cantante
Susana Castro quien estará acompañada de sus músicos, y dos murgas locales,
quienes amalgamarán su arte con las diferentes
propuestas de participación que se les dará a las mujeres del espacio durante la realización del encuentro.
El Gobierno nacional ha cambiado su política de castigo
a los genocidas por el de conciliación con las fuerzas armadas. Así lo
demuestran las últimas declaraciones de Cristina, Rossi y Milani. Pero no puede
haber reconciliación con ningún genocida. Por eso exigimos la desclasificación
de toda la información referida a los participantes, cómplices y encubridores
civiles, eclesiásticos y militares del genocidio de la última dictadura
militar. Aca en San Juan han desaparecido más de cien personas durante la
dictadura militar y hasta ahora no se sabe donde están los cuerpos vivos o
muertos. Además tenemos un desaparecido bajo el Gobierno de Gioja que es el
Ing. Raul Tellechea. Ese es el lamentable saldo, en San Juan, de una década de
política de DDHH.
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